La plana mayor del Gobierno buscaba anoche una salida
para la crisis de la tragedia de Once y analizaba la posibilidad de
sancionar o rescindir la concesión del ferrocarril Sarmiento, en manos
de TBA, debido a que existiría una cadena de incumplimientos de
inversiones y de mantenimiento que tornaría insostenible la continuidad
del Grupo Cirigliano.
Según pudo saber dentro de la Casa Rosada hay
dos bandos enfrentados por esto. El ala política, más cercana a la
Presidenta, promueve la urgente la ruptura del contrato con TBA. Del
otro lado, el ministro de Planificación, Julio De Vido, aún resiste esa
alternativa.
El obstáculo para sancionar o disolver al grupo concesionario es la
estrecha relación que existe entre De Vido y los hermanos Claudio y
Mario Cirigliano. Se trata de uno de los grupos empresarios que más
negocios concentró con el Estado: controla TBA, el Grupo Plaza (líneas
de colectivos), Lua (seguros), Emfersa (construcción de material
ferroviario), Tatsa (carrocería de buses) o Cometrans (conversores para
televisión digital).
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